La señal
En el centro de Bogotá y bajo los puentes donde se concentra la venta informal, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán echó a andar un sistema que cambia la relación entre el vendedor ambulante y el espacio público: ya no lo tolera ni lo persigue, lo cobra. El Decreto 117 del 14 de abril de 2026 creó las llamadas Zonas de Uso Económico Regulado, un esquema en el que el Distrito caracteriza a los vendedores, les asigna un lugar y les cobra por ocupar la acera. El registro se hace con código QR biométrico —pensado para impedir el subarriendo de los cupos— y los pagos son exclusivamente digitales. La operación la ejecutan el IPES y el DADEP. La respuesta llegó a la calle: vendedores informales salieron a protestar y bloquearon arterias del sur de la ciudad, rechazando la idea de tener que pagar por el pedazo de vía pública desde el que se ganan la vida.
El contexto
El diagnóstico que sostiene la política no es menor. Entre 2024 y 2025, el Distrito caracterizó a más de 19.000 vendedores: de ellos, el 55 % se encuentra en situación de vulnerabilidad y el 54,3 % son mujeres. Sobre esa base, el cobro no es plano. El Decreto 117 contempla un esquema diferencial, con exenciones y reducciones para la población vulnerable, de modo que quienes menos tienen no pagan la misma tarifa —o simplemente no pagan— que quien sí tiene capacidad económica. Es una diferencia importante frente a la caricatura del “impuesto a la pobreza”: la administración diseñó una escala. Aun así, el gesto de fondo permanece intacto: el uso de la acera, que hasta ayer era un hecho consumado y gratuito, pasa a ser un derecho administrado, con registro, tarifa y trazabilidad digital. El vendedor que antes existía en la informalidad ahora existe en una base de datos.
La lectura
Aquí conviene sostener dos verdades a la vez. La primera: el cobro diferencial es más humano que la redada, y reconocer que más de la mitad de los vendedores está en vulnerabilidad es más honesto que fingir que no existen. La segunda, la que da la señal: por más escalonada que sea la tarifa, el sistema instala una idea nueva y poderosa —que ocupar la acera para trabajar es un privilegio que se administra, se registra y, en principio, se paga—. El QR biométrico no es un detalle técnico: convierte al vendedor informal en un dato trazable, con un cupo asignado, un historial de pagos y una identidad verificada. Es formalización, sí, pero también es control. Y el que hoy queda exento por vulnerable mañana puede dejar de estarlo sin que el marco cambie: la exención suaviza el precio, no la lógica. Por eso los vendedores no bloquean el sur porque rechacen el orden; bloquean porque intuyen que el orden viene con un peaje, y que un peaje, una vez instalado, rara vez se desmonta.
El patrón
Bogotá rima con cinco continentes a la vez. El Distrito no prohíbe la venta callejera: la regula, la caracteriza y le pone tarifa. El desalojo dejó de necesitar la fuerza pública y aprendió a cobrar. Es el mismo movimiento que el microcrédito de reubicación en la Ciudad de México, el carné de bienestar con techo de ingresos en Bangkok o el carrito reglamentario de 18.000 dólares en San Francisco: idiomas distintos para una sola frase. Lo que hace singular a Bogotá es la sofisticación del instrumento —el biométrico, el pago digital, la base de datos—: no es la versión más brutal del patrón, es la más avanzada. Aquí el peaje no se cobra en golpes ni en efectivo, sino en trazabilidad. Y esa es justamente la advertencia: cuando el desalojo se vuelve tan limpio que cabe en una aplicación, deja de parecer desalojo. Queda un registro ordenado, una tarifa razonable, una exención para el más pobre. Y queda, también, una acera que a partir de ahora tiene dueño administrativo.