La acera va a las urnas, pero la mayoría no puede votar

La señal

En Delhi, la Municipal Corporation of Delhi (MCD) —presionada por el Delhi High Court— fijó por primera vez elecciones para las 23 Town Vending Committees, los comités que deciden quién puede vender en la vía pública y en qué esquina. La MCD informó al tribunal que la votación se celebraría el 30 de junio de 2026 y que los comités quedarían constituidos hacia el 21 de julio de 2026; mientras tanto, el High Court prohibió los desalojos hasta que esos comités decidan. Sobre el papel es un gesto de democratización sin precedentes: los vendedores de Karol Bagh, Sarojini Nagar, Lajpat Nagar y Connaught Place elegirán a sus propios representantes en los órganos que gobiernan la acera. Pero la letra pequeña cuenta otra historia. Solo una fracción de los vendedores fue identificada oficialmente en el censo de 2021-2022, el que sirvió de base a los certificados provisionales de venta de la MCD. Las estimaciones del número real oscilan entre los 350.000 que calcula la NASVI y cifras de 400.000 a 500.000 que manejan otras fuentes; más de 100.000 llegaron a presentar solicitud. El derecho a votar —y a quedar protegido del desalojo— pertenece a los censados. El resto queda fuera de la urna y fuera del paraguas.

El contexto

La Street Vendors Act de 2014 nació como una ley protectora: obligaba a las ciudades a censar a sus vendedores, a formar Town Vending Committees con representación de los propios trabajadores y a suspender los desalojos hasta que ese aparato estuviera en marcha. Una década después, en Delhi ese aparato apenas empieza a existir, y solo lo hace porque un tribunal presionó a una municipalidad que había dejado dormir el mandato. El problema no es la ley, sino la puerta de entrada. El censo de 2022 es la lista de quién cuenta como vendedor a los ojos del Estado, y esa lista recogió a una fracción de quienes viven de la calle. Cuando el registro oficial se enfrenta a las estimaciones de campo (entre 350.000 y medio millón), el hueco no es estadístico: es la diferencia entre quien podrá elegir a su representante y quien seguirá siendo, jurídicamente, un cuerpo que estorba. La NASVI, que agrupa a vendedores en todo el país, y alianzas como la Indian Hawkers Alliance llevan años señalando que la identificación se convirtió en el nuevo cuello de botella. Se aplauden las elecciones históricas mientras la mayoría real observa desde afuera del padrón.

La lectura

Contar esto como “la primera elección histórica de vendedores en Delhi” es quedarse con la mitad luminosa y perder la señal. Lo que de verdad ocurre es que el registro se ha vuelto la frontera entre el ciudadano económico y el intruso. La urna solo redistribuye poder entre los que ya cruzaron esa frontera; a los cientos de miles que quedaron fuera del censo, la democratización no los alcanza —al contrario, les recuerda que existe un adentro al que no pertenecen. Aquí la protección funciona como membresía: te censan, votas, te vuelves inelegible para el desalojo. No te censan, y ninguna de esas tres cosas te toca. La orden del High Court que congela los desalojos ilustra la trampa con precisión, porque protege el proceso, no necesariamente a todos los que venden. El vendedor no censado de Sarojini Nagar puede estar amparado hoy por una pausa judicial y descubrir mañana que, cuando los comités decidan, él no figura en ningún mapa de puestos autorizados. La formalización no reparte derechos: los reparte entre los que ya estaban dentro de la lista.

El patrón

Delhi es la excepción aparente del batch y, a la vez, su confirmación más sutil. En San Francisco el peaje es un carrito de miles de dólares; en Bogotá, una tarifa con QR biométrico; en Bangkok, un carné de bienestar con techo de ingresos; en Nápoles, treinta metros cuadrados con insonorización. En todos, la ciudad dejó de prohibir la comida callejera y empezó a legalizarla con una condición de entrada que expulsa a quien no puede pagarla. Delhi introduce la única inversión de poder del conjunto —los vendedores eligen a sus representantes— pero lo hace sobre el mismo eje: la condición de entrada aquí no es dinero ni metros cuadrados, es estar en el censo. El padrón es el nuevo carrito de 18.000 dólares. Y por eso Delhi es el experimento a vigilar: si los comités electos amplían el censo desde abajo y arrastran hacia adentro a los 300.000 o 400.000 que hoy quedan fuera, el patrón continental se invierte por primera vez. Si en cambio los comités blindan el privilegio de los ya inscritos, entonces la elección más democrática del set habrá servido, como el resto, para que el permiso siga siendo el desalojo, solo que ahora ratificado con votos.