La señal
Entre el 9 y el 10 de marzo de 2026, los vecinos de El Pilar I, en San Juan Sacatepéquez, frenaron el avance de cuadrillas de Trecsa — filial del Grupo Energía Bogotá — que llegaban escoltadas por antimotines de la PNC y vigiladas por drones. El objetivo de la empresa era instalar torres de transmisión eléctrica sobre tierra comunal sembrada de maíz y jocote. El Pueblo Aj Nabey Pilar Uno, de raíz kaqchikel, junto a autoridades de Iximulew, levantó el bloqueo y obligó a la cuadrilla a retirarse. En junio de 2026 la comunidad reactivó la medida: ya no negocia trazados ni compensaciones, exige el retiro total de la obra y rechaza de plano la iniciativa de ley 6665. Lo que se interrumpió no fue una protesta puntual, sino una instalación de infraestructura considerada estratégica por el Estado y el capital transnacional.
El contexto
San Juan Sacatepéquez no es un territorio nuevo en disputa. Pero la naturaleza del conflicto cambió. Durante dos décadas, el repertorio del despojo en Guatemala y en buena parte de Mesoamérica se asoció a la minería metálica y a las hidroeléctricas: un agujero, una represa, un río desviado. Trecsa no extrae nada del subsuelo. Construye el sistema nervioso de la transición energética: líneas de transmisión que mueven electricidad — cada vez más etiquetada como “limpia” — hacia los centros de consumo y de exportación regional. El maíz y el jocote que crecen en El Pilar I no estorban a una mina; estorban a un cableado. Esa diferencia importa, porque el lenguaje de la transición verde le otorga a la obra una legitimidad pública que la mina nunca tuvo. La iniciativa de ley 6665, que la comunidad rechaza, opera como el andamiaje jurídico que busca normalizar ese paso de la torre sobre la milpa.
La lectura
Leer esto como “resistencia indígena” más es perder la señal. El frente se desplazó. La defensa territorial kaqchikel ya no responde solo a la extracción clásica; responde a la infraestructura de la transición energética como nueva forma de despojo. La torre de transmisión es la nueva mina: ocupa suelo comunal, fragmenta la milpa, instala servidumbres permanentes y lo hace bajo el aura moral de la energía limpia. Aquí el maíz funciona como frontera política, no como cultivo. Sembrar y defender la milpa es trazar el límite de lo que el territorio acepta. Cuando la comunidad pasa de exigir consulta a exigir retiro total, está rechazando el marco mismo de la negociación: no quiere mejores términos para que la torre pase, quiere que no pase. El drone y el antimotín revelan el costado que la narrativa verde prefiere ocultar: la transición, tal como se ejecuta aquí, se impone con fuerza sobre tierra ajena.
El patrón
El Pilar I no es un caso aislado, es un síntoma centroamericano. En toda la región se repite una misma figura: comunidades que terminan haciéndose cargo de decidir sobre su territorio porque el Estado dejó de garantizar la mediación, la consulta y la protección de la tierra. Donde la institucionalidad se retira o se pone al servicio del capital transnacional, son las autoridades comunitarias — kaqchikeles aquí, otras en otros puntos del istmo — las que asumen la función pública de defender el suelo, el agua y el alimento. La transición energética global aterriza en Centroamérica como infraestructura, y esa infraestructura necesita suelo: suelo que casi siempre es comunal, indígena, sembrado. El patrón es ese traspaso silencioso de responsabilidad: el Estado garantiza el paso de la obra, y la comunidad queda garantizando lo único que el Estado abandonó, que es el territorio mismo.