La gramática del setback: cómo Lagos convirtió la seguridad en escritura de propiedad

La señal

Entre el 23 de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026, el Estado de Lagos demolió las comunidades de palafitos de Makoko y Sogunro, en la laguna de Lagos (Nigeria), bajo la figura de un “setback de seguridad” frente a líneas de alta tensión. La cifra de desplazados se ubica entre 10.000 y 40.000 personas, con hasta 80.000 en riesgo. Las protestas de los días 4 y 5 de enero fueron dispersadas con gases lacrimógenos. En febrero de 2026, expertos de la ONU (OHCHR) calificaron la operación como un potencial “domicidio” y posible crimen de lesa humanidad.

El dato que ordena todo lo demás no es el conteo de cuerpos, sino la aritmética del despeje. El margen de seguridad invocado escaló de 30 a 50, luego a 100 y finalmente a más de 200 metros, liberando mucho más suelo del que cualquier norma técnica de seguridad eléctrica exige.

El número que escala no protege a nadie de los cables. Mide otra cosa.

El contexto

La parcela despejada — 54,58 hectáreas — coincide con un joint venture inmobiliario de lujo firmado en 2021, el FBT Coral Estate, repartido 75% al desarrollador y 25% al Estado de Lagos. La confirmación no proviene de una filtración: la propia cuenta oficial del Estado de Lagos en X publicó el reparto. Es el smoking gun. El vocabulario de la seguridad y la geometría del setback no protegían a nadie de los cables; delimitaban el perímetro exacto de un activo inmobiliario.

Hay un agravante jurídico. Una Corte Federal (causa FHC/L/CS/70/2025) ya había frenado la demolición y otorgado 3.500 millones de nairas en daños en agosto de 2025. El Estado demolió de todos modos: desacato judicial abierto. El gobierno ofrece su contravoz — el comisionado Gbenga Omotoso sostuvo que “ningún gobierno responsable deja vivir a la gente bajo cables de alta tensión” —, pero la coartada de la seguridad no explica por qué el margen creció hasta cuadruplicarse ni por qué el suelo liberado calza con un contrato de 2021.

La lectura

Lo que se observa aquí no es una demolición improvisada, sino el funcionamiento de un dispositivo. El riesgo — “seguridad”, “setback”, “alta tensión” — opera como gramática legal de la expropiación: un lenguaje técnico que vuelve administrativo lo que es, en el fondo, una transferencia de suelo de los pobres a un consorcio de lujo. El número que escala (30→200 m) es la huella digital del mecanismo: la norma de seguridad es elástica precisamente porque su función real no es la seguridad.

Esa es la mecánica. Léelo otra vez: la seguridad es el lenguaje, no el motivo.

Lo que viene es la normalización del procedimiento. Cuando un Estado puede ignorar un fallo firme y una indemnización ya dictada, el costo de la expropiación se desploma y el modelo se vuelve replicable. Reportes — aún no confirmados de forma independiente — atribuyen muertes de bebés a la exposición a los gases; el hecho de que circulen indica el grado de violencia que el dispositivo es capaz de absorber sin frenarse.

El patrón

Makoko no es un episodio aislado, sino la segunda iteración de un patrón ya visto. En 2016, el desalojo de Otodo Gbame expulsó a unas 30.000 personas de la misma laguna, con el mismo libreto: tierra costera valiosa, población informal, justificación de orden público o seguridad. Lo que cambia en 2025-2026 es el refinamiento de la coartada: ya no “limpieza” ni “orden”, sino la precisión técnica del setback eléctrico, una métrica que aparenta neutralidad de ingeniería.

La señal conecta con un fenómeno global más amplio: el urbanismo costero como frontera de acumulación, donde el cambio climático, la presión inmobiliaria y la informalidad jurídica de los asentamientos convergen para que el suelo más expuesto sea, paradójicamente, el más codiciado. El vocabulario varía — resiliencia, seguridad, renovación —, pero la operación es la misma.

Convertir un argumento de protección en un título de propiedad: esa es la frontera que avanza.