La señal
En la cuenca del Río Indio, entre las comunidades de Limón de Chagres y Coquillo (distrito de Chagres, provincia de Colón), los campesinos dejaron de discutir la represa y empezaron a discutir la aritmética. El 7 de junio de 2026, familias agrupadas en la Coordinadora Campesina por la Vida —que dice representar a unas 38 comunidades de la cuenca— marcharon contra el proyecto de embalse impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Pero la marcha fue lo de menos. Lo nuevo es que estas comunidades están disputando el censo oficial de la ACP contando casa por casa, levantando su propio registro de familias afectadas porque sostienen que la cifra del Estado las subestima.
No piden solo que se detenga la obra. Exigen la aplicación de la consulta previa del Acuerdo de Escazú, una mesa técnica real, y proponen el río Bayano como alternativa de fuente hídrica. Y resumen su posición en una frase que es a la vez consigna y línea roja: “no seremos población de sacrificio”.
El contexto
El Río Indio no es un río cualquiera. La ACP lo ve como solución estructural a un problema existencial: el Canal de Panamá necesita agua dulce para operar sus esclusas, y las sequías recientes han puesto en duda la viabilidad de la ruta interoceánica por la que pasa una porción significativa del comercio mundial. Un embalse en la cuenca asegura agua para el Canal —y, por extensión, para el sistema logístico global.
Debajo de esa lógica geopolítica vive otra economía: la de subsistencia campesina, ligada a la tierra, al cultivo y al lugar. Cuando el Estado planifica una represa, el censo de afectados no es un trámite: define quién recibe compensación, quién es reubicado y quién, sencillamente, no aparece en el mapa de la negociación. Contar es repartir poder.
La lectura
Lo significativo aquí no es el número, es la práctica. Las comunidades de la cuenca del Río Indio ya no aceptan la cifra oficial como verdad y han decidido producir su propio dato territorial, contándose a sí mismas. Según el conteo de la Coordinadora Campesina por la Vida, la ACP estaría registrando menos familias de las que realmente habitan la zona —pero estas cifras campesinas no han sido auditadas por terceros independientes, y por eso lo relevante no es el guarismo exacto sino el gesto: convertir el conteo en un acto político.
El contra-censo invierte la jerarquía habitual del dato. Tradicionalmente, el Estado mide y la comunidad es medida. Aquí la comunidad se mide a sí misma y exige que su registro entre en la negociación con el mismo estatus que el oficial. El número deja de ser un hecho administrativo neutro y se vuelve un campo de disputa: quien controla el conteo controla la magnitud del agravio, el monto de las compensaciones y la propia definición de quién existe frente al proyecto. En un conflicto donde el agua del Canal pesa como recurso geopolítico global, contarse es la forma que tiene la economía de subsistencia local de no ser borrada de la ecuación.
El patrón
Lo de Río Indio se inscribe en un patrón centroamericano más amplio: cuando el Estado falla en representar, proteger o simplemente contar a una comunidad, esa comunidad empieza a producir por su cuenta lo que el Estado no entrega. A veces es el dato —censos comunitarios, mapeos participativos del territorio, registros propios de afectados frente a hidroeléctricas, minería o infraestructura. A veces es la institución —rondas, juntas, guardias y autoridades comunitarias que asumen funciones que el aparato estatal no cumple. A veces es la tierra misma —titulaciones colectivas y defensa territorial levantadas frente a concesiones otorgadas sin consulta.
El contra-censo de la cuenca del Río Indio es una variante de ese gesto: ante un Estado que mide para decidir, la comunidad mide para no desaparecer. La pregunta de fondo deja de ser técnica —cuántas familias hay— y se vuelve política: quién tiene el derecho de contar, y por tanto, de decidir quién cuenta.